La Cámara de Diputados busca aprobar antes del 26 de julio la reforma policial, que contempla sanciones por abusos de autoridad, nuevas reglas para el ingreso a la institución y límites al uso de la fuerza.

Cinco de las diez personas imputadas en el presunto desfalco contra SeNaSa iniciaron gestiones con el Ministerio Público para acogerse a acuerdos penales abreviados, según la información disponible.