Más de 20 instituciones unen esfuerzos para proteger a mujeres, adolescentes y niñas
Santo Domingo.- Más de 20 instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales coordinaron acciones para fortalecer la protección de mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia y ampliar la cobertura de los servicios de atención.
Los avances fueron presentados durante una reunión ordinaria del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. En el encuentro se revisaron las respuestas de emergencia, el uso de datos para orientar las políticas públicas, la expansión territorial de los servicios, la protección social y el anteproyecto de Ley Mirabal.
Entre las instituciones participantes estuvieron el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) de la Policía Nacional.
El Sistema 9-1-1 presentó los resultados de la interoperabilidad con la Línea de Emergencia *212 del Ministerio de la Mujer. Esta coordinación facilita la atención de los casos de violencia y permite ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades de cada situación.
Asimismo, fue destacado el intercambio de información entre los registros de denuncias y asistencias. La integración de estos datos permitirá identificar casos recurrentes y territorios con mayor incidencia, además de fortalecer la toma de decisiones y la distribución de los recursos públicos.
Ampliación de los servicios
El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (Prisma), cuya implementación está prevista para 2027. La iniciativa busca ampliar la capacidad de atención mediante la incorporación de asociaciones sin fines de lucro que cumplan con los requisitos técnicos y operativos establecidos.
De acuerdo con la viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Rosa Mejía, el programa permitirá aprovechar la experiencia comunitaria de esas organizaciones bajo los protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión del Ministerio de la Mujer.
La primera etapa priorizará Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, demarcaciones identificadas entre las de mayor concentración e intensidad de casos de violencia. El objetivo es dirigir los servicios hacia los territorios con mayores necesidades de atención.
Políticas de desarrollo e igualdad
Durante la reunión, el Ministerio de Hacienda y Economía presentó la hoja de ruta del Consenso de Montevideo y los resultados expuestos por República Dominicana en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
La presentación incluyó avances en reducción de la pobreza, cobertura de salud, prevención del embarazo en adolescentes y de las uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social. También fueron señalados desafíos relacionados con la mortalidad materna, las brechas de género, el trabajo no remunerado y las desigualdades territoriales.
Las instituciones resaltaron la necesidad de fortalecer la producción de datos y utilizar esa información en la planificación de las políticas públicas, los presupuestos y los servicios destinados a reducir las desigualdades.
Avances de la Ley Mirabal
El Gabinete conoció además los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, presentado por la encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer, Melina Zaiz.
La propuesta contempla un marco integral para la prevención, atención, protección, acceso a la justicia, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres. También establece derechos y garantías para las víctimas, responsabilidades institucionales y la organización del Sistema Nacional de Protección Integral.
El proceso incluye la armonización de las iniciativas legislativas existentes con el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como consultas con instituciones públicas, representantes del sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
El Gabinete continuará dando seguimiento a los avances y a los compromisos asumidos por las instituciones que integran esta agenda común de protección para mujeres, adolescentes y niñas.
