Gobierno dominicano blinda los derechos ciudadanos frente a la inteligencia artificial
El Decreto 787-26 prohíbe el scoring social, la vigilancia biométrica masiva y las sentencias automatizadas, y obliga al Estado a auditar los algoritmos que puedan afectar derechos fundamentales.
Santo Domingo. La inteligencia artificial ya tiene reglas de juego claras en el sector público dominicano. El Poder Ejecutivo aprobó esta semana el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, un instrumento que establece obligaciones concretas, prohibiciones y plazos verificables para las instituciones del Estado.
La norma, formalizada mediante el Decreto 787-26, establece un marco ético vinculante para el uso de algoritmos en la administración pública, de acuerdo con la información ofrecida durante su presentación en el Palacio Nacional.
El texto no se limita a declaraciones de principios. Entre sus disposiciones se prohíben el scoring o clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas.
“Este código no regula la tecnología por la tecnología misma. Regula el poder que la tecnología ejerce sobre las personas”, resumió un funcionario de la Ogtic durante la exposición de los detalles. El objetivo, explicó, es que ningún algoritmo decida sobre la vida de un ciudadano sin que este lo sepa y pueda defenderse.
Transparencia y revisión humana
El decreto introduce dos mecanismos que modifican la relación entre el Estado y la ciudadanía. El primero es el derecho a saber: toda persona podrá exigir información clara sobre si una decisión administrativa que le afecta fue respaldada por un sistema de inteligencia artificial.
El segundo es el derecho a la revisión humana, mediante canales accesibles para solicitar explicaciones comprensibles y activar un contrapeso cuando el resultado de un algoritmo pueda resultar lesivo.
Además, los sistemas clasificados como de “alto impacto”, aquellos que inciden en el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras, deberán someterse a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de entrar en funcionamiento. Sin esa aprobación, no podrán operar.
Protección especial para niños y adolescentes
La protección de la infancia ocupa un capítulo aparte. El código establece una presunción reforzada de riesgo frente a cualquier sistema automatizado dirigido a menores de edad y prohíbe el uso de inteligencia artificial que genere o distribuya contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra niños, niñas y adolescentes.
Soberanía tecnológica y control a proveedores
El decreto también establece obligaciones para los proveedores de tecnología. Las instituciones públicas deberán exigir garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los dominicanos.
La norma impide utilizar sistemas de “caja negra” que el Estado no pueda auditar, una medida orientada a reducir la opacidad en las contrataciones tecnológicas.
Para vigilar el cumplimiento, se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo integrado por instituciones estatales y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, con participación de la academia y la sociedad civil. El objetivo es mantener un escrutinio permanente sobre el uso de algoritmos por parte del Estado.
180 días para adecuar los procesos
Las entidades públicas tienen un plazo transitorio de 180 días calendario para adecuar sus procesos internos, registrar los sistemas tecnológicos que ya están en funcionamiento, designar a los funcionarios responsables y aplicar las medidas necesarias para cumplir la norma.
El proceso de elaboración del código fue liderado por la Ogtic y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto y alineación con estándares de la Unesco y la OCDE.
El principal desafío será garantizar que las instituciones cuenten con la capacidad técnica y administrativa necesaria para aplicar el nuevo marco. El decreto ya está firmado y el proceso de fiscalización comienza ahora.
