MAP anuncia Reglamento General de Inteligencia Artificial para el sector público en 2027
El ministro Sigmund Freund destacó que la normativa dará continuidad al Código de Ética aprobado mediante el Decreto 787-26 y buscará un uso responsable de la tecnología en el Estado.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que durante el año 2027 elaborará el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, un instrumento que será sometido al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto y que busca establecer un marco regulatorio integral para la adopción y el uso responsable de estas tecnologías en las instituciones del Estado.
Según explicó la entidad, el reglamento permitirá fijar criterios comunes de gobernanza, gestión de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de derechos. Con ello se dará continuidad a los esfuerzos iniciados con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, dispuesto en el Decreto No. 787-26.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que estas iniciativas responden a la visión estratégica del Gobierno de modernizar el Estado y lograr que las instituciones ofrezcan servicios más sencillos, oportunos y accesibles. “El objetivo es construir las condiciones institucionales necesarias para que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer las capacidades del Estado y simplificar su relación con la ciudadanía”, expresó.
Freund valoró además la aprobación del Código de Ética, que establece principios y obligaciones para que el uso de la inteligencia artificial respete la protección de datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana. El documento contempla, asimismo, evaluaciones de impacto para aquellos sistemas cuyo funcionamiento pueda afectar significativamente los derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales.
Coordinación interinstitucional
Para la implementación de estas medidas, el MAP promoverá los lineamientos correspondientes a sus competencias rectoras, en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), responsable de la supervisión ética, y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), encargada de las funciones técnicas previstas en el decreto.
Cinco frentes de trabajo
El ministro Freund detalló que la institución trabaja en cinco frentes conectados que constituyen las bases para una incorporación efectiva de la inteligencia artificial en la administración pública: datos e interoperabilidad; digitalización administrativa y servicios proactivos; arquitectura pública digital; coordinación de inversiones tecnológicas; y formación de los servidores públicos.
En ese marco, citó normativas ya aprobadas como el Decreto No. 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos; el Decreto No. 384-26, que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos; y el Decreto No. 714-26, sobre el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado.
Capacitación y evaluación del panorama de IA
Como parte de esta agenda, el MAP impulsa la elaboración de un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, en articulación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Estas iniciativas se articulan, además, con el proceso de Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), desarrollado por el MAP con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya misión técnica se realizó en marzo de 2026 y que permite analizar las capacidades del país para adoptar responsablemente esta tecnología.
El Ministerio reiteró que estos esfuerzos forman parte de una agenda de modernización del Estado centrada en las personas, en la que la innovación tecnológica debe traducirse en servicios públicos de mayor calidad, instituciones más eficientes y garantías efectivas para los derechos de la ciudadanía.
